América Latina siglo XXI: Golpes, derechos y cientificidio

Introducción

En la Argentina, desde el 10 de diciembre 2015, asumió el gobierno de la Alianza Cambiemos encabezado por Mauricio Macri y a partir de ese momento arrancó un conflicto que, entre otras cosas, se expresó a través de un ajuste brutal en el sistema de Ciencia, Técnica y Universidad. Asimismo, se crearon varios colectivos militantes de Ciencia y Técnica. La experiencia de este colectivo prueba que la militancia puede poner en tensión la práctica de especialista y acercarla a una interrogación más de corte intelectual sobre el sistema de la ciencia y su relación con las políticas públicas en general.[1]

En este contexto, nos queremos preguntar qué acontece en el sector de ciencia y tecnología bajo la égida del gobierno de la Alianza Cambiemos. Para entender cabalmente este conflicto, nos parece, hay que reconstruir las declinaciones mayores de un proceso histórico-político latinoamericano que desde nuestro punto de vista arranca en 1994 o en 1998. Pero antes haremos pie, si bien someramente, en los años neoliberales, en los de la transición a la democracia y en los momentos últimos de las dictaduras latinoamericanas antes de sus quiebres, que en todos nuestros países significaron lo mismo: la puesta en crisis de una posibilidad: el socialismo. Esas etapas son necesarias para debatir acerca de dos categorías: democraciay democratización. A continuación entramaremos una caracterización del gobierno Macri y de sus monólogos con el sector de ciencia y tecnología, y una perspectiva regional para las agendas de la izquierda latinoamericana. Esta articulación apunta a la discusión central de este trabajo, que gira alrededor de cuestiones relativas al cientificidio, la soberanía y la lucha de clases. El último apartado, a manera de conclusión provisoria, registra una suerte de (proto)agenda de ciencia y tecnología para el siglo XXI que creemos es parte de un debate mayor y colectivo a encuadrarse dentro de las disputas de poder y a un modelo de país antiimperialista.

Dictadura, declinación del socialismo, democracia y democratización

El siglo XXI tiene apenas dos décadas. Años cargados de múltiples 'borrascas de la historia' del siglo XX. En ese arco de tiempo nuestra región atravesó un proceso en el cual los largos años de lucha contra el neoliberalismo de fin de siglo XX se sintetizaron en experiencias populares y/o estatales de variada profundidad, según el balance y el equilibrio entre participación popular y estatalidad. En estos años, con la reconfiguración del marco político-cultural de Nuestra América, también se pusieron en tensión algunas ideas y conceptos. Una de ellas, la idea de democratizaciónes consecuencia de los procesos democráticos que en nuestros países se inauguraron luego de experiencias del Terrorismo de Estado. El caso de Argentina es emblemático en ese sentido: hacia 1983, se configuró un sentido vinculado a la antinomia dictadura-democracia, una democracia que desde la perspectiva final de los órdenes genocida-autoritarios latinoamericanos era soñada con esperanza. Desde ese punto de mira, la democracia se prefiguraba como el nombre de un futuro que debía ser conquistado. Así como en la España franquista, con la restauración constitucional y el voto popular, se solía hablar de ‘transición’. O sea, de un camino que iba a conducir a las sociedades de cada país de una historia de intolerancia, autoritarismo, ‘oscurantismo’, a un futuro de pluralismo, libertad, integración y convivencia bajo patrones por cierto más deseables que el patrón autoritario, dictatorial y asesino-desaparecedor anterior. La democracia aparecía de manera proyectiva, entendida menos como proyecto/realización que como programa a realizar. Entonces, la utopía democrática era utopía de la plena realización de todas esas libertades arrebatadas y negadas por las dictaduras, que en el caso argentino fueron sintetizadas por el presidente Alfonsín con la frase ‘con la democracia se come, se cura, se educa’. Es decir, la democracia como programa vino a reemplazar al socialismo como proyecto en disputa en el período de ascenso popular entre 1959 y 1973/75[2], y la frontera de lo posible se circunscribió a los límites del capitalismo, que como tuvo a bien decir en alguna ocasión Ernesto Guevara: ‘es el genocida más respetado del mundo’.

Con los regímenes dictatoriales se inaugura un proceso por el cual se cambia el patrón de acumulación y se repone un modelo de reprimarización de la economía de los países. Sin embargo, el neoliberalismo como modelo político-económico-cultural se termina de realizar recién en la década de 1990, luego de la caída del bloque socialista. Allí se convierte en hegemónica la idea de democracia representativa y liberal con una ‘clase política’ separada de las y los ciudadanas/os y esquizofrénica respecto de su suerte, con una ciudadanía y un pueblo cada vez más desencantados de la política. En ese lapso prolongado, la idea de democracia como utopía declinó del todo. Y se adelgazó también la participación política que, como correlato tenía una creciente expoliación instrumentada desde el Estado. Paralelamente, se dio un proceso de concentración de la riqueza y aumento de la explotación de las y los trabajadores a través de la desocupación como factor disciplinador. Factor regulador a la baja de los salarios que tenía como complemento un proceso creciente de flexibilización laboral y tercerizaciones. Obviamente, estas políticas impactaron malamente en la fragmentación de la clase trabajadora.

Este paradigma – que se sintetizó con la idea de ‘el fin de la historia’ (Fukuyama, 1992) –, entró en crisis en 1994, cuando surgió el Movimiento Zapatista en Chiapas, o en 1998 con la emergencia de Chávez en Venezuela. Sea como fuere, 1994 ó 1998, a partir de esos puntos de inflexión se abre un ciclo de impugnación al orden neoliberal como paradigma dominante de acumulación y dominación que sobre su cierre redundó en varias ‘crisis presidenciales’. Este orden social, ya en profunda desintegración y con altos niveles de corrupción política, terminó de desplomarse a fuerza de movilizaciones populares, militancia y lógicas de insurrección callejera que produjeron la caída de gobiernos neoliberales. En Argentina eso se verificó los días 19 y 20 de diciembre de 2001. Momento político que había sido ‘anunciado’ en 1998 por la banda de rock, Bersuit Vergarabat en ‘Se viene’. Ahí en el estribillo se dice: ‘Se viene el estallido, / se viene el estallido, / de mi guitarra, /de tu gobierno, también’. En esos días aciagos, la consigna derivada del descrédito hacia la política era: ‘Qué se vayan todos’. Por otra parte, también se ejercieron procesos de protagonismo popular y de articulación entre distintos sectores afectados por las políticas neoliberales, condensados en otra consigna propia de ese momento político: ‘piquete y cacerola, la lucha es una sola’. Estos elementos, y otros tantos[3], luego fueron recuperados por los gobiernos progresistas para configurar su legitimidad posterior.

Los años posneoliberales transitaron por experiencias políticas progresistas/reformistas e incluso revolucionarias (Venezuela y Bolivia concretamente, acompañando a Cuba que se sostiene socialista). Y aquí aparece una nueva idea, que tiene que ver menos con la categoría de democracia que con la de ‘democratización’ (Rinesi, 2013). Democratización que ya no designa un Estado, sino un proceso, a un movimiento, de crecimiento, de progreso y de ampliación de derechos (conquistadosa través de las luchas populares). La cuestión de los derechos fue central en aquellos gobiernos que de un modo u otro encarnaron modelos sociales y políticos menos desiguales y que sustentaron su legitimidad a partir del reconocimiento, legalización y – a veces – efectivización de las demandas populares en tanto derechos conquistados. 

La etapa posneoliberal empezó a entrar en crisis con el golpe de Estado en Honduras en 2009, seguido por el golpe de Estado en Paraguay en 2012, profundizada con el triunfo de Mauricio Macri en la Argentina, a fines de 2015, y terminó de agudizarse con el golpe de Estado de Brasil de 2016; que por cierto Macri fue a legitimar a Temer en uno de los primeros viajes que realizó como presidente. De esto desciende que en la América Latina del XXI si es cierto que podemos encontrar dimensiones que se cruzan –democratización, centralidad del Estado y gobiernos progresistas/reformistas/revolucionarios–, también hay que agregar otra variable menos promisoria: la puesta en crisis de esas dimensiones por la derecha. Cuando en 2005 los gobiernos y los pueblos de la región proclamaran en Mar del Plata el entierro de lo que era la herramienta más consolidada del imperialismo –el ALCA–, la derecha por un tiempo se quedó sin iniciativa continental. Esto se debe muchos factores pero resaltaremos dos: en primer lugar, la mayor parte de los gobiernos progresistas no pusieron en jaque los negocios más elocuentes ni en serio riesgo el proceso de internacionalización y concentración del capital (aún cuando el valor de la fuerza de trabajo regional aumentó considerablemente respecto de la década de1990). En segundo lugar, después de la caída de las Torres Gemelas (2001), la política exterior estadounidense tuvo su foco puesto especialmente en Medio Oriente con el objetivo de recuperar mercados no asegurados. Esa movida de geopolítica internacional le sumó a los gobiernos latinoamericanos cierta maniobrabilidad para implementar sus políticas democratizadoras. Pues bien, a partir de 2009, con el golpe en Honduras, el imperialismo y la derecha latinoamericana comienzan a redefinir una estrategia para recuperar el control del ‘patio trasero’.

Urnas, golpes e imperialismo

Ahora bien, un país como Paraguay, que parece ser más parecido al desierto de las teorías, paradójicamente ha colaborado a acuñar una nueva categoría política e intelectual, paradójicamente gracias a la derecha. Esa categoría es: ‘golpe a la paraguaya’. Es decir, Paraguay se convirtió en modelo para los golpes institucionales de la derecha, por lo menos en el Cono Sur. De hecho, el golpe que aún está en proceso en Brasil despertó las heridas que en 2012 marcaron y dividieron a Paraguay. El golpe paraguayo fue señalado como el modelo seguido por esos sectores de derecha neoliberal corrupta brasileña, empecinada en bajar del poder a un gobierno democráticamente electo. ¿Cómo? Por la vía de ese mecanismo constitucional que llamamos ‘juicio político’. El llamado ‘golpe a la paraguaia’, tal como lo nombró la misma presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, es parte de una familia de operaciones políticas. El de Paraguay fue el segundo de los llamados ‘golpes blandos’ y que tuvo éxitodesde el inicio de este siglo. Honduras, Paraguay y Brasil fueron los primeros golpes exitosos, porque antes ya había habido otros no-exitosos: Venezuela en 2002, Bolivia en 2008, Ecuador en 2010. En cambio, en la Argentina el caso Nisman, y antes las disputas por la renta sojera con motivo del Proyecto de Ley de Retenciones y Creación del Fondo de Redistribución Social, dieron lugar a amenazas que no llegaron a concretarse; hasta que en 2015 se produjo el ‘cambio’ de gobierno en dirección de derecha por vía electoral. La Alianza Cambiemos asumió con un furcio, el de Vidal, que en medio de los festejos de la primera vuelta dijo ‘hoy cambiamos futuro por pasado’. Ahora sabemos que ése fue menos un furcioque todo un programa político.

¿Qué hay detrás de todo este entramado? Una derecha en movimiento en un contexto en el que la crisis del capitalismo mundial se profundiza y las posibilidades de apertura de nuevos mercados y de aún mayor concentración de capital ponen en riesgo (incluso) la supervivencia de completas regiones biodiversas. La variable de ajuste es el aumento de la explotación, tanto en la disminución del precio de los salarios, la reducción del salario indirecto (en todas sus formas: educación, salud, vivienda públicas, etc.), como con el aumento de los ritmos de producción; articulación esta que produce además una masa sobrante de seres humanos y la destrucción de la naturaleza. Asimismo, las derechas tienen una ‘internacional’, por más paradójico que parezca. Así como con el Plan Cóndor las derechas continentales se subordinaban de forma coordinada a los planes del imperialismo norteamericano, en el contexto actual de crisis capitalista, éstas muestran nuevamente una clara subordinación y coordinación que impacta sobre las condiciones materiales de existencia de las grandes mayorías latinoamericanas. La prueba se manifiesta en la coordinación de acciones desestabilizadoras tendientes a reorganizar la hegemonía. Lo estamos viendo en Venezuela con los planes para dar por tierra el proceso revolucionario y democratizante de los últimos 19 años. En América latina, la derecha se posiciona en contra de su pérdida de privilegios políticos y sociales[4], ve como amenaza la más mínima redistribución de la riqueza y desea plena liberalidad para hacer sus negocios sin las irritaciones que conlleva el aumento de derechos para las grandes mayorías latinoamericanas. Los discursos y las políticas que implementan esas derechas latinoamericanas, pese a los contextos nacionales distintos, son asombrosamente similares: embates en contra de la educación pública en todos sus niveles, en contra de los sistemas científico-tecnológicos públicos, en contra de la salud pública, etc. Valga un ejemplo más. En Paraguay, del golpe al gobierno Lugo y de los despojos de la democracia, surgió el gobierno ilegítimo de Federico Franco, que dio paso al gobierno de Horacio Cartes. Éste nació de la legitimidad de las urnas, un dispositivo democrático por cierto, pero que no ofrece garantía alguna sobre el ejercicio de esa racionalidad política que decimos democracia. Pues bien, en octubre de 2013, Cartes propuso a Alfredo ‘Goli’ Stroessner –nieto del dictador Stroessner– como embajador ante las Naciones Unidas, el organismo de mayor relevancia mundial, nacido supuestamente para superar los horrores de humanidad. Stroessner nieto es defensor de una memoria paraguaya aderezada, en la que los horrores del régimen stronista no aparecen o, cuando aparecen, son justificados, banalizados. Ahí el ‘Nuevo rumbo’ cartista explicitó su direccionalidad: el rumbo del retorno, del Partido Colorado al poder, de un modelo de poder basado en la concentración incontrolada de potestades en el Poder Ejecutivo y de grandes negocios estatales o privados que derivan en extremo enriquecimiento de pequeñas porciones poblacionales, entre otros leves detalles. En la Argentina, el ‘Cambio’ también opera en el sentido del ‘futuro por pasado’. De hecho, el gobierno Macri acaba de designar a José Alfredo Martínez de Hoz (hijo) –cuyo padre fue ministro de Economía de la última dictadura cívico–militar–clerical – como vicepresidente del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI). Como Stroessner nieto, también Martínez de Hoz hijo reivindicó la memoria paterna por medio de una solicitada cuyo título recitaba ‘Martínez de Hoz trofeo para el Bicentenario’ (2010), en la que se declaraba la inocencia de su padre. Con esta decisión del gobierno de la Alianza Cambiemos verificamos que se pretende restaurar un modelo económico, político y cultural de características CEOliberales como prolongación de ése que instalaron los cuadros civiles, empresarios y militares del Terrorismo de Estado. Un elemento más que prolonga la aberración de la 2x1, como veremos más adelante. 

Estos movimientos paralelos que vemos en acto en la región nos demuestran que las resoluciones de las derechas latinoamericanas son similares y que a menudo apuntan al reformateo de la memoria y a la elaboración de un discurso y a la instalación de referentes apropiados para que el Nuevo rumbo en Paraguay o el Cambio en la Argentina se deslicen a través de cauces adecuados de consenso social.

Estos procesos de restauración conservadora, negadores seriales de derechos, implican también y quizás sobre todo, una vuelta hacia atrás en términos históricos. Hacia una etapa mucho más remota quizás que los años neoliberales. De hecho, todos los ademanes de las derechas latinoamericanas reactualizan la vuelta de los dueños de la Casa Grande, que al retornar pretenden expulsar al pueblo y arrinconarlo de nuevo en la Senzala. Con un matiz: el contrafrente ya no supone ninguna ‘sacarocracia’, sino la reducción de nuestros países al tamaño del mercado.[5]

Otro elemento que nos demuestra que esa derecha latinoamericana está en movimiento y estado de articulación nos lo corroboran por ejemplo las relaciones bilaterales Argentina-Estados Unidos. Parece que el gobierno de la Alianza Cambiemos tiene el proyecto de comprar armamento militar por más de 2000 millones de dólares a los Estados Unidos con el objetivo de ‘combatir el terrorismo’. Hasta 2019 quieren comprar aviones de caza, tanques de guerra, misiles de mediano y largo alcance, helicópteros. La hipótesis de conflicto frente a semejante rearmamento se sostiene bajo la necesidad del poder de sostener coercitivamente el feroz plan de ajuste que está llevando adelante. Este sector concentrado, hoy en los gobiernos, tiene la pretensión de realizar sus programas socio-económicos con la utopía de una sociedad sin conflicto. Y si eso es la paz de los cementerios, no sería la primera vez que la derecha lo intenta. 

¿Todo está perdido? Presente y pasado

Con el triunfo de Trump en Estados Unidos, los golpes institucionales regionales y el ascenso del CEOliberalismo que hace punta en la Argentina, parecería que tal como plantea Álvaro García Linera, las derechas han recuperado la iniciativa. Eso es relativamente cierto. Entonces, ¿está todo perdido? Podemos y queremos decir que no. Desde una mirada argentina parecería vigente que la derecha es capaz de ganar elecciones en las urnas. Sin embargo, los datos muestran que de las 25 elecciones presidenciales de los últimos 15 años en los países con gobiernos progresistas y revolucionarios de América latina, sólo una vez el CEOliberalismo logró imponerse: Macri. En Ecuador, Lenin Moreno ganó las elecciones postulándose como el continuador de las políticas de gobierno de  Rafael Correa, engañando al conjunto del pueblo latinoamericano. 

Entonces, nos tenemos que preguntar qué sentido tiene la idea del ‘fin de ciclo de los progresismos’. Por un lado, la derecha, sobre todo por medio de sus construcciones mediáticas monopólicas, pretende decretar ‘el fin’ del ciclo relativo a la ampliación de derechos económicos, sociales, culturales, civiles y politicos. Por otro lado, vale decir que los procesos gobernados por el progresismo en el Cono Sur tuvieron límites profundos que García Linera (2016) sintetizó en cinco puntos y que permiten comprender este momento aciago: 1) no se satisficieron las necesidades económicas mínimas de las mayorías o se favorecieron económicamente sectores del poder concentrado; 2) se combinó una relativa redistribución de la riqueza sin politización social; 3) se expresaron debilidades morales en los gobiernos progresistas y revolucionarios; 4) se presentaron serias dificultades en la continuidad de los liderazgos (sobre todo ante la muerte de los dirigentes); 5) se presentaron serias debilidades en la integración económica regional[6].

¿Qué implica recuperar la iniciativa para nuestros pueblos? En Argentina, concretamente, durante todos estos años millones de trabajadores nos movilizamos contra el ajuste, alrededor de aumentos salariales, contra la represión y los despidos, y otras reivindicaciones centrales como el ‘Ni una menos’ o el aborto legal, seguro y gratuito. Sin embargo, el gobierno nacional no modificó un ápice el rumbo de su política, lo cual indicó las dificultades de concentrar los esfuerzos populares sólo en las calles. 

De todas formas, la situación de Venezuela, la enorme resistencia con que el pueblo y el gobierno bolivariano sostienen su autodeterminación, pone en tensión y realimenta la expectativa transformadora de nuestros pueblos y la certeza de que el ciclo no está aún obturado. De hecho, los pueblos latinoamericanos hoy no parten de la derrota para resistir ni reorganizarse. Hay nuevas generaciones que se sumaron a las luchas políticas sin haber sufrido en carne propia el Terrorismo de Estado y que vienen con la experiencia de haberse organizado alrededor de políticas públicas implementadas por los gobiernos progresistas. En este sentido, el saldo de los años progresistas sin duda es el incremento de la organización política popular.

En este sentido, creemos necesario reconstruir algunas declinaciones propias de la Argentina. Nuestro país es un ejemplo interesante de cómo se dan estos procesos por el lugar preponderante que tiene la lucha contra la impunidad del genocidio. Al salir de la dictadura, durante el gobierno de Alfonsín (1983-1989) bajo el reclamo popular de ‘Aparición con Vida’ y ‘Juicio y castigo a los culpables’, se conformó una Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), cuya resultante fue materia clave para la realización del denominado ‘Juicio a las Juntas’.[7]Durante cinco años, los integrantes de las Juntas Dictatoriales estuvieron presos. Sin embargo, el intento de avanzar en juicios sobre el conjunto de los perpetradores del genocidio se vio cercenado por la sanción de dos leyes (‘Punto final’, en 1986 y ‘Obediencia debida’, en 1987), que en la Argentina significaron el comienzo de largos años de impunidad. Esos años se profundizaron con los indultos impulsados por el presidente Menem (1989-1999), los primeros dos años de su mandato. Paralelamente, la consigna ‘Ni olvido, ni perdón’ articuló la demanda por la Memoria, la Verdad y la Justicia, que se configuró en un símbolo aglutinador del conjunto de las luchas populares. El 8 de septiembre de 1989, hubo una enorme movilización contra los indultos a los genocidas. En aquel momento se movilizaron más de doscientas mil personas en todo el país: el 0,75% de la población total de la Argentina. De todos modos, la impunidad avanzó y se articuló con un sentido de desprecio hacia ‘la política’, que atravesó toda la segunda década infame, mientras la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia quedaba como una suerte de faro impoluto. Esos sentidos, entonces, se arraigaron y se imbricaron con otras demandas populares y cuando aconteció la crisis de 2001, entraron a formar parte de los elementos constitutivos de un ‘programa’ popular que se estaba gestando en la calle. Asimismo, en ese año se declaran inconstitucionales las leyes de impunidad y comienza a plasmarse el clamor popular por vía político-judicial. En 2005, se reabrió la posibilidad de juzgar a los genocidas en el país y se constituyeron procesos judiciales inéditos, en los cuales el sistema judicial tuvo que aceptar condiciones novedosas tanto respecto a las querellas como a las víctimas y el peso probatorio inédito de sus testimonios. En esos procesos comenzó a suturarse la impunidad como marco cultural en el cual el pueblo argentino y las organizaciones populares realizaban su acción social y política. Y en algún sentido, el desprecio por la política también comenzó a desgranarse.

¿Por qué creemos necesario recostruir estas declinaciones? Porque el gobierno Macri asumió lanzando distintas provocaciones respecto de la Memoria, la Verdad y la Justicia y se mostró pronto a disputar el sentido de esos términos una vez más. De hecho, poco antes de la elecciones, en un lugar emblemático por la Memoria, la Verdad y la Justicia –la Mansión Seré, partido de Morón–, apareció un graffiti de color rojo que hacía referencia a que pronto en la Argentina se terminaría el ‘curro de los Derechos Humanos’. Ya gobierno, la Alianza Cambiemos se encargó antes de negar el número de desaparecidos, tildando de corruptos a los organismos de Derechos Humanos, intentando despreciar la fecha conmemorativa del golpe de Estado (24 de marzo), proponiendo ‘reconciliación’ (usando exactamente el mismo argumento que en 1989). Por otra parte, la Corte Suprema de (in)Justicia recurrió a una ley ya caduca –que se llama vulgarmente ‘2x1’ y que implica que cada día de prisión sin sentencia firme computa como dos– para liberar a los represores. Es decir, un virtual indulto, propio de estos tiempos, llevado adelante por el poder judicial (y bajo la venia del poder mediático). Pues bien, con este emergente el macrismo quebró todo pacto del vivir en común, al negar las luchas históricas del pueblo argentino en materia de Memoria, Verdad y Justicia. Y pasó un límite ético imposible de suturar. De hecho, el mismo día en que fue votada la ley por la Corte Suprema, en el segundo cordón del conurbano bonaerense, y en una de sus Universidades Nacionales, la de General Sarmiento, cuatro integrantes de la Escuela de Suboficiales de Campo de Mayo, que aparentemente habían salido a festejar (vale la pena preguntarse, ¿qué cosa?), atacaron sexualmente a una estudiante; ataque que en la Comisaría Nº 2 de Malvinas Argentinas rotularon como ‘agresión sexual leve’. Ahora bien, ¿ese acto disciplinador en contra de una mujer (una vez más) el día de la sentencia hay que leerlo de manera separada de la ignominia jurídica de la Corte? Hay que decir que enfáticamente: no. Mal por partida doble. El indulto derivado de este fallo despreciable nos retrotrae a los años de la impunidad, cuando no sólo los genocidas contaban con el beneplácito de un Estado democrático incapaz de superar al Estado terrorista en materia de justicia, sino que el conjunto de la sociedad posgenocida sufría las consecuencias de sostener una moral incapaz de creer que un mundo más justo era (y es) posible.

Frente a esta vergüenza y desprecio por el pueblo argentino, un millón y medio de personas nos movilizamos en todo el país para dar marcha atrás con la medida. Tan impactante fue el No que hasta algunos dirigentes del partido de gobierno debieron sumarse al repudio. En esta movilización del 10 de mayo de 2017, casi el 3% de la población de nuestro país marchó contra el indulto judicial. Y efectivamente, las decisiones judiciales y extra judiaciales vinculadas a la potencial libertad de los represores o el fin de los juicios de lesa humanidad quedaron, por ahora, en el freezer del gobierno. 

Entre fantasmas y genocidas 

Evidentemente estamos frente a una situación compleja y no simple explicar. Desde 2016, en la Argentina la Alianza Cambiemos demuestra que encarna un gobierno CEOliberal–neoliberal con una cuota gerencial propia del ámbito privado– y ‘fantasma’, en su doble acepción aterrorizante de presente y ausente. El Estado siempre fortalece y debilita determinados aspectos de su estructura institucional, presupuestaria y política en pos de la dirección que el sector dirigente del bloque de poder pretende orientar los procesos de acumulación y dominación en una etapa específica. En este sentido, el Estado se fagocita así mismo para crecer, se engrandece atacándose, o sea achica excluyendo.

¿El macrismo representa un Estado específico? Al respecto, hay interpretaciones que asumen que el proyecto del macrismo no tiene particularidades diferentes a otros momentos históricos en los que la crudeza del bloque de poder se expresó dirigiendo el Estado. Esto le cabría, por ejemplo, al proyecto burgués-oligarquico cuya máxima expresión fueron las presidencias de Julio Argentino Roca (1880-1886 y1898-1904) y al neoliberalismo inaugurado con la última Dictadura Cívico-Militar. El gobierno del Estado que Roca y su generación configuraron, con clara subordinación al Imperio Británico, como parte de la expresión nacional-estatal de la división internacional del trabajo, tuvo como sujeto protagónico a una burguesía nativa con proyecto propio, que entre sus aspiraciones/necesidades prioritarias se encontraba la de disciplinar y edificar sobre la masa popular heterogénea, una clase trabajadora acorde a los intereses del sector dominante. Asimismo, este proyecto –genocidio mediante, conocido como Campaña del Desierto– pretendía poner a la Argentina a jugar un rol de ‘granero del mundo’ y transformar el país en un ejemplo disciplinador de una América del Sur mestizada, con la construcción de un ser nacional europeizado.

La otra experiencia, la de la última Dictadura Cívico-Militar (y su prolongación, con distintos impactos, en el Alfonsinismo y el Menemato) también tuvo una burguesía nativa con proyecto específico para nuestro país. En el contexto de caída del Muro de Berlín y el fin del mundo bipolar, este proyecto se engrandeció, enfrentándose a los límites evidentes de las propuestas colectivas emancipatorias – destruidas como utopía social y deseo colectivo –, y de esta manera el grupo dominante argentino desplegó la extranjerización de economía, la subordinación política y la homogenización cultural. Por otra parte, el Estado neoliberal tenía como horizonte construir un sujeto social propio, en este caso sobre una clase trabajadora combativa, organizada y que pretendía conformar su propio proyecto. De esta manera se propuso desestructurar a ese sujeto a través de un nuevo genocidio, con el objetivo de construir un sujeto individualista, organizado por la doctrina del ‘sálvese quién pueda’, amante del dólar y de Miami como representante máximo del consumo. Hoy ese sujeto en la Argentina no ha podido ser suplantado por otro. O, para ser optimistas, ha sido suplantado por otro, pero sólo parcialmente.

¿Qué es el Estado CEOcrático? ¿Un Estado-Gato? Éste combina el anhelo extranjerizante de la burguesía roquista y dictatorial-menemista. Se subordina políticamente al imperialismo norteamericano, pero no encuentra qué sujeto social quiere y necesita construir. Se subordina económicamente a través de la deuda externa (una de las primeras medidas del gobierno, con genuflexión del Senado, fue la liberación de las trabas para negociar con los llamados ‘Fondos Buitre’, o mejor dicho para relanzar el ciclo de endeudamiento externo). De la misma manera que el roquismo, quiere ser el ejemplo disciplinador de/para Latinoamérica y en esa dirección destruir todos los atisbos de integración política regional. Es por eso que creemos que al propio Macri le interesa tanto la periferia jujeña en tanto laboratorio provincial con el estado policial moraliano y con Milagro Sala presa, porque ésta representa de algún modo un vínculo de intregración latinoamericana con la emergencia revolucionaria andina de Evo Morales y Álvaro García Linera. 

Pero además, el macrismo se subordina a los planes de un capitalismo en crisis que evidentemente no puede elaborar una respuesta a la demanda colectiva de futuro para las grandes mayorías, ni por imitación del capitalismo internacional ni mucho menos por creación propia, ya que la única ‘creatividad’ que ha mostrado tener es el ajuste brutal sobre todos los estratos de los sectores trabajadores y las prácticas represivas conocidas y ejercitadas por el Estado desde su creación[8]. Sabe ejercer su rapiña y virulencia sobre el pueblo, sabe usar los medios concentrados de comunicación y las redes sociales, pero no lo logra establecer un puente ideológico–cultural que le proponga a las grandes mayorías un futuro promisorio. De hecho, la mayor parte del tiempo y de las iniciativas que despliega están orientadas a fortalecer el vínculo moral con su propio sector social de clase, que ha sido el único favorecido por sus políticas públicas, extremadamente concentrado y restringido en términos numéricos. A esto hay que agragarle otra consideración: que el Estado Gato no puede aún prefigurar ni configurar el sujeto social subalterno que requiere porque se encontró (se chocó literalmente) con un pueblo que se organiza y que le busca la vuelta a la resistencia contra el ajuste, aunque no pueda configurar aún una alternativa política que desplace al macrismo.

¿Decir ‘Estado Gato’ es acaso un insulto? En la jerga del lunfardo, de raigambre popular, y especialmente carcelaria, el ‘gato’ es un subordinado, alguien situado en el lugar de la servidumbre, y al mismo tiempo, un ‘soplón’ (alguien que delata), un pusilánime[9]. Esta acepción del término derivó actualmente en un mero agravio que vehiculiza un desprecio popular y que se utiliza habitualmente para insultar al presidente Macri. En este marco de debilidad en la producción de sentidos consensuados, la interpelación material y evocativa de la represión es moneda corriente en el Estado Gato. Una vez más hay que pensar en la figura de Milagro Sala, detenida arbitrariamente desde enero de 2016 por liderar una protesta en contra del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Esa detención arbitraria que sufre la dirigente de la Organización Tupac Amaru y su condición de presa política, mujer e indígena es la expresión cabal de una vulneración de derechos humanos a laque son sometidas grandes mayorías desde el inicio del gobierno de Cambiemos. ¿Y en el contrafrente qué es lo que nos ofrece el macrismo? Ajuste, tarifazos, negaciones de paritarias nacionales y otras jocosidades. Como si esa frontera no fuera ya de por sí una especie de expansión hacia una nueva campaña del desierto, sobrevolaron aviones de guerra sobre la Ciudad de Buenos Aires para conmemorar un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo (2017). Por otra parte, esa frontera represiva afectó también a las universidades públicas: el ciclo arrancó en Jujuy donde se violó la autonomía universitaria y se torturaron estudiantes en la Universidad Nacional de esa provincia. Y no se trató de un evento aislado, pues una semana después la policía detuvo sin motivos aparentes a once estudiantes en la Universidad Nacional de Salta, luego entró a la Universidad Nacional de San Juan y finalmente en la Universidad Nacional Arturo Jaureche, situada en el Conurbano sur, en Florencio Varela.

‘No hemos nacido para servidumbres voluntarias’[10]

Frente a un gobierno que – a noventa y nueve años de la Reforma Universitaria, aquel hilo democratizante que recorrió Nuestra América en 1918 – no le importa la autonomía universitaria y no tiene ningún reparo en violarla, se le enfrenta un colectivo de trabajadoras y trabajadores de la educación, de todos los niveles (inicial, primaria, secundaria, terciaria y universitaria). Sin ir más lejos, el 22 de marzo de 2017, vimos una Plaza de Mayo desbordada por los gremios docentes de toda la Argentina. El objeto inmediato de esa manifestación histórica, y que en un futuro cercano recordaremos como memorable, fue reclamarle a un gobierno ‘fantasma’ (aterrador, ausente y presente) que convoque a la paritaria nacionalpara discutir un aumento salarial adecuado y mejores condiciones de trabajo. Desde el sistema científicoy tecnológico público nacional acompañamos esa gran manifestación con una columna que llevaba la consigna ‘Defendamos la Ciencia Argentina’. Estuvimos, entendiendo que el gobierno de la Alianza Cambiemos quiere derrotar la luchadocente para que sea un caso testigo del resto de las discusiones paritarias y se impusiera un techo salarial. Pero además porque una parte sustantiva de la comunidad científico-tecnológica comprende que no hay ciencia soberana sin educación pública de calidad. Fuimos a defender, entonces,la Educación públicade una serie imperdonable de humillaciones, resumibles en dos ‘postales’. La primera: a mediados del año 2016, el exministro de Educación Bullrich, con motivo de la inauguración del Hospital-Escuela de Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Negro, habló de la ‘nueva campaña del desierto, pero sin espadas, con educación’. Con esa referencia el ministro legitimó el genocidio de los pueblos indígenas. Esa campaña, que fue una ‘política cultural’ implementada vía el ejército argentino, pretende ser reeditada como ‘política educativa’. Segunda postal: esa primera humillación encontró una extensión en un ademán que formuló el mismo presidente Macri en el programa de televisión conducido por una antigua conductora televisiva reaccionaria y conservadora. En ese contexto, mostró una foto de un maestro impartiendo clases en una Hiroshima arrasada, destruida, borrada del mapa por la bomba atómica que el presidente Truman ordenó tirar sobre el Imperio de Japón en agosto de 1945. Ya Horacio González (2017) señaló que esa foto tenía un sentido muy distinto respecto del que quería subrayar el presidente y dijo que ‘muestra un tenso espíritu reconstructivo universal’ (González, 2017). Pues bien, también por eso estuvimos en la Plaza de Mayo: para recordarle a Macri que si cree que la educación públicaestá destruida se equivocaypara decirle que si estamos como en Hiroshima es porque su gobierno encarna la bomba atómica en la Argentina del siglo XXI. ¿Cómo? Dos ejemplos apenas: con las arremetidas en contra de la Educación Pública y en contra de la Ciencia y la Tecnología. Dos ademanes que expresan un mismo sentido: el ataque al pesamiento crítico en todos sus niveles de creatividad; aquél que la comunidad educativa fomenta todos los días en las aulas de nuestras instituciones educativas, en los laboratorios o con las investigaciones en ciencias humanas y sociales. La respuesta coincidente del gobierno a través de sus ministros es golpear a nuestra comunidad vaciando el financiamiento público democrático.

Cientificidio, soberanía y lucha de clase

En los últimos años, el sistema científico y tecnológico público se extendió de manera considerable. Tomar el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) como parámetro es siempre un indicador adecuado de la situación sectorial, por ser el organismo cuya única función es el desarrollo de ciencia y tecnología. El CONICET creció exponencialmente, no solo en cantidad de investigadores de las tres carreras (Carrera de Investigador Científico/CIC, Carrera del Personal de Apoyo/CPA y Becarios) sino en infraestructura y en Centros Científicos Tecnológicos situados en distintas latitudes del país con el objetivo de descentralizar y federalizar las políticas de ciencia y tecnología. Este crecimiento, cuya curva significativa despegó entre el 2005 y 2015, es una demostración de que hubo en nuestro país, durante esos años, una política de Estado que se propuso revertir años de desfinanciamiento, de fuga de cerebros, de formación de científicas y científicos de excelencia en las Universidades Públicas, que luego debían o irse al exterior o trabajar en otros empleos no necesariamente vinculados con su formación. Esta política implicó fundamentalmente tres elementos: el aumento sustantivo del presupuesto de ciencia y técnica, la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y la configuración de un sentido común que le (re)otorgó legitimidad y prestigio social a las y los científicos.

Frente a estos condicionantes, el actual presidente cuando estaba en campaña insistió en que no solo iba a darle continuidad a las políticas de ciencia y tecnología (dejar al mismo ministro estuvo en línea con esa gestualidad) sino que iba a aumentar el presupuesto destinado al sector. Muy por el contrario, nos encontramos con que no sólo las promesas de campaña fueron ampliamente incumplidas. De hecho, el presupuesto votado en 2016 implicó una reducción de 190 millones de pesos para el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y esto impactó inmediatamente en la exclusión de 498 investigadores jóvenes de la planta permanente de CONICET, pese a que habían sido recomendados por todas las instancias de evaluación del organismo. Por otra parte, el gobierno de la Alianza Cambiemos se está encargado de implementar un proceso de destrucción de todo lo que se había construido hasta 2015: las líneas de producción científica-tecnológica que habían comenzado a fortalecerse ahora quedan truncas por falta de subsidios serios y por la imposibilidad de que aquellos investigadores que se están formando en esas líneas se incorporen de forma estable al trabajo científico. Todo esto se debe al cierre (progresivo) de la carrera del investigador científico. Esto atenta directamente contra la construcción de una agenda científica propia de nuestro país y nuestra región, en línea con el desarrollo del pensamiento crítico, indisociable de la CyT. Frente a este panorama desolador es altamente probable que las y los científicos/as, en breve, tengan que irse a trabajar a países centrales (que también están experimentando las consecuencias de la crisis mundial) cuyas agendas científico-tecnológicas no tienen que ver –en general– con las necesidades de desarrollo de los pueblos de la periferia. 

El Estado argentino financia la formación de excelencia para que los científicos se vayan a trabajar al exterior, porque les pagan mejor, porque las condiciones de trabajo son mejores, porque los ‘temas’ de agenda se desarrollan con mayor tecnología y capacidades en el exterior (Europa y EE.UU, básicamente). Y esto se articula con los límites concretos a la producción científica local: no hay subsidios o son ínfimos, no hay formación continua de nuevos colegas (queda trunca cada cierto periodo), se limita la cantidad de personal en cada proyecto de investigación por falta de ingresos, se desfinancia la infraestructura, etc., se profundizan los estándares de medición internacional (de publicaciones y de aquello que forma parte de ‘lo socialmente necesario’). De esto desciende que en la Argentina de 2017 el gobierno de la Alianza Cambiemos está implementando un cientificidio: de nuestros científicos, de nuestras capacidades de desarrollo y de nuestro futuro en ciencia y tecnología. Uno.

Y dos. El cientificidio que estamos padeciendo en la Argentina tiene que ver con otra cuestión, mayor, que es la cuestión soberana.

Soberanía: ¿de qué se trata?^[11]Del derecho de los Estados para organizarse y regirse con independencia de toda intromisión política externa. En este sentido, es contigua con otra categoría, que es la de la ‘autodeterminación’. Ésta refiere a la posibilidad de un pueblo de decidir libremente sobre las cuestiones fundamentales que hacen a un país: estatuto político, relaciones internacionales, sistema económico, sistema científico, sistema educativo, etc; sin que sobre esas cuestiones tenga injerencia algún poder externo. En las monarquías, la soberanía emanaba de la divinidad, en cambio, en los órdenes democráticos reside y emana del pueblo. Y de esta misma subjetividad emanan todos los poderes, por más que luego sean ejercidos por sus representantes. En términos políticos-jurídicos (modernos) remite al poder de mando. El término soberanía está anexado de manera estrecha con otro término: el poder político. ¿Pero cuál es la diferencia entre poder y soberanía? La soberanía puede ser pensada como una racionalización (jurídica) del poder, para que el poder de hecho (la fuerza si se quiere) se convierta en poder de derecho. En este sentido, la soberanía es el poder de mando de una sociedad política. En términos muy generales, cuando hablamos de soberanía nos referimos a la independencia política del Estado en su actividad interior y su política exterior.

¿Quién detenta el poder soberano? ¿El pueblo o sus representantes? ¿Y si hay desacuerdo entre el pueblo y sus representantes dónde queda sintetizada la soberanía? ¿En manos de quién, de qué subjetividad reside la soberanía cuando la política tensa lo que puede tensar? Justo en ese momento la soberanía aparece con toda su fuerza. En el momento en que hay una disputa por el sentido último de la política. Por eso, desde hace un año y medio, una parte conspicua de la comunidad científica y académica argentina plantea el problema de la soberanía científica y de la soberanía educativa. Podemos decir que la soberanía se manifiesta cuando se rompe la unidad y la cohesión social, cuando se manifiestan concepciones alternativas sobre tal o cual orden.

Otro elemento interesante es que la soberanía ‘sectorial’ entra en un espacio de disputa cuando se verifica, nada menos, la lucha de clase. Ahí la soberanía puede ser pensada como el poder de auto-decisión de un sector del pueblo acerca de la orientación que quiere darle a su sector –a su saber-hacer– y que puede entrar en conflicto con la orientación de otra clase. Lenin decía: ‘La teoría marxista exige de un modo absoluto que, para analizar cualquier problema social, se le encuadre en un marco histórico determinado’ (1914: apartado 2). En este orden hay que situar las disputas por la soberanía científica y por la soberanía educativas en la Argentina del s. XXI en el contexto de las políticas de ajustes macristas. La disputa puede inclinarse hacia un proyecto de ciencia al servicio del pueblo o puede hacerlo hacia un proyecto de ciencia al servicio de las minorías, de las corporaciones, de élites transnacionalizadas. Esa definición encontrará una conclusión en el campo de las luchas políticas de este tiempo.

Una (proto)agenda para el siglo XXI

Dentro del marco de la ‘soberanía sectorial’ cabe preguntarse: ¿cómo se define la soberanía científico-tecnológica? E inscripta en esta primera pregunta está una segunda: ¿ciencia y tecnología para qué? Una respuesta de principio es: para el desarrollo de la cultura y del conocimiento universal y en la sincronía, para una producción crítica que dé respuesta científica a problemas específicos del país y la región. De América Latina, concretamente, y de los llamados países del Tercer Mundo. En este sentido, hay una serie de interrogantes cuya formulación nos permite reflexionar acerca de qué se juega y de qué hablamos cuando discutimos de soberanía científica. Valga apenas cuatro dimensiones que merecen ser consideradas, debatidas y respondidas colectivamente a manera de una agenda científica incipiente:

1) ¿Quién define cuáles son los problemas propios que constituyen la soberanía científica? La producción de ciencia y tecnología es un problema de poder. En este sentido, la definición está amarrada al gobierno del Estado con lo que esto implica: presupuesto, enfoques de producción generales (condiciones de trabajo científicos), las corporaciones científicas internacionales, las grandes empresas y su vinculación con la ciencia y tecnología. Estas cuestiones están nexadas con los estándares ‘internacionales’ de producción (definidos en y por los países centrales). Estos estándares se expresan en las condiciones de producción y circulación de la producción científica y en el desarrollo de tecnología. Son estándares que fijan no sólo las agendas de producción (temas y problemas de investigación, asociados a la inversión dirigida que realizan las agencias de financiamiento científico estadounidenses y europeas) sino también el propio proceso de trabajo científico.

Por esto mismo decimos que la producción de ciencia y tecnología es un problema de poder, o sea, un problema político. Quién ejerce el poder (los países centrales y las agencias/corporaciones científicas –grandes universidades y centros de investigación–, asociados a grandes empresas multinacionales) define quién, cómo, cuándo, dónde, qué, cuánto. Y también define el por qué. De esta forma, cuándo se disputa la producción de ciencia y tecnología se está disputando qué se produce, cómo, quiénes producimos, cuánto debemos producir, financiados por quién y por qué. En definitiva, se disputa el sentido general de la ciencia y de la tecnología, y el sentido específico (para qué y sobre todo, para quién). 

2) ¿Quién realiza el desarrollo tecnológico? En general, en los países periféricos–y la experiencia argentina es una evidencia notable al respecto– las grandes empresas no realizan desarrollos tecnológicos propios[12], ni absorben conocimiento científico producido en el país. Los paquetes tecnológicos llegan en una suerte de sobre cerrado. Al respecto, baste pensar en la soja round up readyque llega con el uso exterminador del glifosato. La expectativa de que un sector de la burguesía va a cumplir ese rol es falsa: la burguesía nativa es especuladora y cortoplacista. No invierte en desarrollo tecnológico sino que aprovecha al máximo la explotación de los trabajadores con la aceleración de los ritmos de producción y el achicamiento de las plantas de trabajadores.

En países emergentes como la Argentina la inversión en ciencia y tecnología la hace – y es deseable que la haga – el Estado, e incluso que el intento de articulación con un sector del empresariado, también esté en manos del Estado y su función reguladora. De hecho, los períodos históricos que tuvieron mayor desarrollo en ciencia y tecnología fueron aquellos asociados a una inversión mayor de presupuesto estatal en la universidad pública y en el sector. Que la inversión corra por cuenta del Estado implica también discutir cómo, cuánto, cuándo, dónde, qué, quién y por qué. En los últimos meses, las declaraciones del ministro Barañao acerca de la intención de fortalecer el desarrollo de ciencia y tecnología en grandes empresas (con exención impositiva mediante) orienta la discusión hacia una versión remozada de la teoría del derrame propia de los años neoliberales.

3) ¿Cuánta ciencia y tecnología es esperable, preciso producir? En el mundo capitalista, es consabido, lo que importa es ‘la medida’ o la cantidad. Éste es el nudo central alrededor del cual creemos que gira la cuestión: cuántos científicos hacen falta, cuánto dinero, cuántos institutos, cuánta producción. Cada uno de estos puntos define la vinculación de las políticas de Estado con el quehacer concreto de los científicos. El gobierno Macri – a través de la mediación de Barañao – puso estos ejes en el centro del debate. En el período inmediatamente anterior, de expansión del sistema científico, la ‘cuestión numérica’ estaba presente en el sector de ciencia y tecnología pero en un registro más específico: ‘puertas adentro’ del ámbito científico. ‘Puertas afuera’ hacían falta muchos científicos, mucha producción y que se materializara en desarrollo técnico y tecnológico (incluso artefactual). ‘Muchos’, efectivamente, es un término que implica cantidad inespecífica. Es un sentido que se puso en juego y que jerarquizó la necesidad de aumentar el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Luego, el ministro Barañao y el MINCyT (con el Plan Argentina Innovadora 2020) lo cuantificaron en política de crecimiento de cantidad de investigadores. 

Pues bien, para un gobierno directamente alineado a los intereses del imperialismo como el de Macri, no hay nada más que ‘números’.¿Qué queremos decir con esto? Que no hay interés específico en desplegar producción científica o tecnológicade ningún tipo. Y los números que el macrismo define van en esa tendencia de convertir al sistema científico y tecnológico en un ‘Teatro Colón’. Eso es: un sistema de élite, para pocos, orientado a mejorar la calidad de vida de esos pocos, cuyos trabajadores tienen condiciones laborales segmentadas (contratos, salarios, condiciones de trabajo diferenciadas entre un sector privilegiado y diversas formas de precarización).

Asumir un registro propio de la cantidad productiva de la ciencia y la tecnología es aún una tarea pendiente de la comunidad científica (que utiliza parámetros internacionales acríticamente, como el caso de Corea del Sur, que pareciera explicar su crecimiento económico – sin tomar en consideración la distribución social de ese crecimiento – no basado en la política internacional y nacional, sino en el desarrollo ‘neutral’ de la ciencia y la tecnología), pero sobre todo del conjunto del pueblo.

4) ¿La ciencia es una cuestión de orgullo nacional para vanagloriarnos de forma chauvinista? El ‘mucho’en tanto sentido en circulación durante los gobiernos anteriores estuvo ligado básicamente a la producción tecnológica, al artefacto, a ‘lo que se ve’. Tampoco durante esas gestiones ‘el pueblo’ definió cuáles eran sus necesidades a resolver científicamente. La relativa autonomía de los científicos argentinos – y la tradición democrática y popular de un sector importante del movimiento universitario – hizo que algunos elementos sensibles de las necesidades populares (trabajo, salud, educación, vivienda, habitat, alimentación) formaran parte de los problemas que abordamos los científicos argentinos. Sin embargo, esta ponderación, estas líneas generales de desarrollo no estuvieron presentes ahí. Por el contrario, se intentó avanzar con líneas generales de planificación de forma tan anárquica y relativa, y además no fueron directrices democráticamente definidas sino vinculadas con los sentidos hegemónicos de lo que los científicos deben y debían producir. Estas cuestiones forman parte de las tareas por venir, a profundizar en un gobierno con características populares. La jerarquización del trabajo científico debe expresarse también en un debate soberano, democrático y popular respecto de cuáles son las agendas científico-tecnológicas que se deben llevar adelante. 

Entonces ¿Qué es la soberanía científica? La capacidad de resolver de forma independiente los desafíos de bienestar de las grandes mayorías. Pero esto es imposible si no se tranzan lineamientos soberanos para nuestro país.

A estos cuatro interrogantes se le deben adicionar otros tantos que permiten componer un sentido soberano ligado al derecho humano a la ciencia y a la tecnología. Y en este sentido es clave ubicar que el neoliberalismo instala la ‘necesidad’ de la ciencia y la tecnología como neutrales, para que la masa internacional existente de científicos y tecnólogos desarrollemos los productos que serán apropiados por las grandes empresas para aumentar la productividad y la competencia. El conocimiento científico no es neutral y aunque los científicos utilicemos las armas de la crítica para producirlo, si el pueblo no lo produce ni se lo apropia, no queda alegremente boyando por el mar, sino que se convierte en beneficio del capital. La propiedad del conocimiento científico-tecnológico, de esta forma, es el centro de la discusión sobre soberanía y desarrollo. Porque los pueblos también comprendemos que con el conocimiento científico-tecnológico podemos mejorar la calidad de vida de las grandes mayorías postergadas. La ciencia entonces es una ‘necesidad’ para el pueblo también.

Pero a esto se le agrega que los productores de ciencia y tecnolgía no deben ser solo provenientes de un sector social medio-alto, sino que la universidad como ámbito de formación de científicos y tecnólogos, debe ser una posibilidad para todo aquel que quiera formarse y no de una elite. 

La teoría de los Derechos Humanos nos enseña la diferencia que ésta tiene con los derechos subjetivos. Éstos son los que atienden a la propiedad individual y la resguardan. Los derechos humanos por el contrario son los derechos colectivos que nacen de la necesidad, que siempre es social y que se modifica en tanto se despliegan históricamente las relaciones de fuerzas (Barcesat, 2001). ¿Y cómo se hace para que una necesidad social-colectiva se transforme en derecho? ¿Incluyéndola en las leyes? No precisamente, o mejor dicho, no únicamente. Como plantea Barcesat, la Constitución Argentina está repleta de ejemplos de escritura de derechos humanos que no se cumplen: derecho a la vivienda digna, a la infancia digna, a la alimentación saludable, etc., etc, contenidas en todos los tratados y pactos internacionales que Argentina firmó). El ejercicio del derecho colectivo, por tanto, su efectivización, no se produce sino es a través de la lucha por el acceso y la permanencia del acceso del derecho conquistado. 

Un país como la Argentina, que tiene necesidades vitales de desarrollo y de mejora de la calidad de vida de las grandes mayorías, que debe poner el acento en la universalización del acceso aderechos básicas (alimentación, vivienda, educación, trabajo, comunicación, producción), tiene a la ciencia y a la tecnología como un aliado necesario e indispensable para romper cadenas de dependencia. Esas mismas cadenas que ubican a nuestra región como proveedora de materias primas para los ‘países desarrollados’ y que obligan a nuestros pueblos a situaciones de pobreza a menudo extrema. La industralización y la transformación de recursos estratégicos es clave para el desarrollo, pero deben estar orientados en un sentido soberano, de distribución justa de la riqueza social y de independencia económica. Asimismo, debe ser un desarrollo respetuoso del patrimonio cultural, de la identidad de nuestras comunidades, del trabajo como producción humana no enajenada y del medio ambiente.

De esta forma, si la ciencia es una necesidad social, es un derecho colectivo, que debe ser incorporado con estatus de derecho humano al conjunto de exigencias al Estado, para la consecución plena de una sociedad humanamente libre y justa.